El Tribunal Supremo de España en 2008

Guerra jurídica, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política o acoso judicial, según Wikipedia, son términos que aluden a «la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente». Tanto en la entrada de Wikipedia como en The Oxford Handbook of Law and Politics se pone el acento en la desconfianza en los tribunales «para abordar dilemas morales fundamentales, cuestiones de política pública y controversias políticas».

Una de las claves de todo este embrollo radica en la «confusión entre responsabilidad política y penal», que «genera monstruos», como señalaba recientemente Manuel Cancio Meliá.

Ahondemos en el punto de vista de la generación de monstruos, siguiendo ahora el razonamiento de Andrés Ollero en ¿Qué es el derecho?, p. 80. Dice allí el catedrático y ex magistrado del Constitucional que se habla interesadamente de desjudicializar la política en «un burdo intento de hacer posible a los políticos actuar fuera de la ley». Porque, añade, el «político no solo debe saberse sometido, como cualquier otro ciudadano, al imperio de la ley, sino que ha de asumir que su responsabilidad política desborda los estrechos límites de la coacción jurídica». Se le exige el respeto a unos imperativos éticos, sin los cuales «el hombre público no sería merecedor de la confianza ciudadana».

Ollero pone el listón alto. Los deberes de los políticos «no pueden considerarse satisfechos con la mera sumisión al ordenamiento jurídico, y menos aún a su dimensión penal. Una efectiva sanción pública por parte de la sociedad y de sus instituciones ha de evitar el perturbador reenvío de la conflictividad política al ámbito judicial».

Casos de corrupción y de irresponsabilidad en España los hay en abundancia. Los políticos —señala Ollero— entienden que su responsabilidad «no va más allá de evitar ser condenados como delincuentes por un tribunal». De ahí que los jueces se vean «inevitablemente involucrados en la polémica partidista y, para colmo, acabarán apareciendo ante la sociedad como símbolo inquietante de impotencia ante la corrupción».

El problema más grave, al menos en España, parece ser que demasiados «políticos, en vez de asumir sus responsabilidades ante los ciudadanos, prefieren cobijarse en el burladero procesal de la presunción de inocencia y convertir así, a los ojos de los ciudadanos, a los magistrados en jueces de su labor política».

Los puntos de vista de Ollero, me parece, son un contrapeso agudo a la narrativa de Wikipedia y de The Oxford Handbook of Law and Politics.

Autor: José Manuel Grau Navarro
Foto: el Tribunal Supremo de España en 2008. Cberbell, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons
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Categoría: Sociedad
Etiquetas: Andrés Ollero, Judicialización de la política