«Introducción a la ética política», de Ángel Rodríguez Luño

Rodríguez Luño, Ángel. (2021). Introducción a la ética política. Rialp.

“En tiempos remotos los problemas se solucionaban con el recurso a la fuerza. La cultura política, y en particular la cultura política occidental, ha hecho posible un modo mejor de encontrar soluciones” (9).

“Del modo de vivir de los individuos se ocupa la ética personal, pero la ética tiene también otras partes como son, por ejemplo, la ética económica, la ética médica, la ética social o la ética política. Esta última, que es la que nos ocupa en estas páginas, valora la actividad de las instituciones políticas, es decir, de las instituciones del Estado, de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento, etc.” (11-2).

“La ética política no trata de la acciones individuales, sino de las acciones mediante las cuales los individuos reunidos en una comunidad políticamente organizada (el Estado, el Municipio, etc.) dan forma a su vida en común desde el punto de vista constitucional, jurídico, administrativo, económico, educacional, sanitario, etc.” (12).

“Las acciones políticamente inmorales proceden a veces de la falta de honestidad personal… pero no siempre. Pueden ser también consecuencia de la simple incompetencia, o bien de categorías ideológicas, o de concepciones económicas poco acertadas que algunos sostienen de buena fe. Para la ética política lo determinante no es tanto la buena (o mala) fe, sino más bien la conformidad y la promoción del bienestar general” (12-3).

“No se trata de juzgar si algo es, o no, conforme a las leyes (y en ese sentido legal), sino de estudiar si es, o no, adecuado para lograr el bien común político” (13).

[Reforma laboral y aumenta el paro] “¿Se puede decir que la aprobación de la reforma laboral fue un mal moral? Pues depende. Desde el punto de vista de la ética personal, los que, después de haberse informado, votaron en buena fe en favor de la reforma carecen de culpa personal, y no se puede decir que obraran moralmente mal. En cambio, desde el punto de vista de la ética política, ha surgido un mal ético: independientemente de lo que sucediera en la conciencia de quienes votaron a favor de aquella reforma, su contrariedad al bien común es un hecho (y lo seguirá siendo cuando, con el transcurso de los años, todos los diputados que la votaron hayan pasado a mejor vida)” (14).

“La cualidad moral positiva o negativa de la forma que se da a nuestra vida en común y a nuestra colaboración —que es formalmente distinta del mérito y de al culpa moral personales— es el objeto específico de la ética política” (15).

“Si la vida buena es el fin que la ética propone a la libertad, y solo puede hacerse realidad en cuanto querido libremente, ¿cómo podría ser también el principio regulador de un conjunto de instancias, como son las políticas, que usan la coacción, y que de la coacción tienen el monopolio? Si la vida buena de los ciudadanos fuese también el fin de las instituciones políticas, ¿no sucedería que el Estado podría considerar obligatorio todo lo que es bueno, y prohibido todo lo que es malo? Y si entre los ciudadanos hubiera distintas concepciones de la vida buena, ¿correspondería al Estado determinar cuál de ellas es la verdadera y por tanto la obligatoria? (17).

“La idea de un Estado “éticamente neutro” no parece realista ni acertada, sencillamente porque no es posible. En efecto, los ordenamientos jurídicos de los estados civilizados prohíben el homicidio, el fraude, la discriminación por motivo de raza, sexo o religión, etc. Tienen, por tanto, un contenido ético. Otra cosa es que no se considere lícito que la coacción política invada la conciencia y sus convicciones íntimas, pero esto es una exigencia ética sustancial, ligada a la libertad característica de la condición humana, y no una ausencia de ética” (18).

“El bien común político ni coincide completamente con la vida buena, ni es totalmente heterogéneo respecto a ella. La segunda es que las instituciones políticas (el Estado) están al servicio de la colaboración social (la sociedad), y esta última existe en función de que las personas puedan libremente alcanzar su bien (no digo que efectivamente lo alcancen, sino que puedan libremente alcanzarlo). Para malvivir y hacernos miserables no buscaríamos la ayuda de los demás” (18-9).

“En pocas palabras, no todo pecado es —ni debe ser— un delito. Solo deben ser prohibidos por el Estado aquellos comportamientos que inciden negativamente de modo notable sobre el bien común. Es esto lo que se debe demostrar, si se quiere argumentar que tal o cual modo de obrar debe prohibirse” (19-20).

“Si la organización política no es acertada, la sociedad no funcionará bien aunque la generalidad d ellas personas sean muy rectas. En cambio, si la organización política es buena, las cosas podrían ir bien, y en todo caso mejor que si la organización fuese deficiente; pero, en la práctica, su mayor o menor éxito dependerá de la rectitud de los ciudadanos. No es difícil comprender el porqué: por muchos sistemas de control y de división del poder que se establezcan, si la corrupción se introduce masivamente en todos los niveles de la una estructura política, la corrupción prevalece, y en tal caso, como dijo san Agustín, sería imposible distinguir al Estado de una banda de ladrones” (20-1).

“Sobre la mayoría de los fines que sale a relucir en los debates públicos estamos todos de acuerdo: todos queremos que desaparezca el paro, que ningún ciudadano carezca de una asistencia sanitaria de calidad, que haya crecimiento económico, que mejore el nivel de vida de las clases económicamente débiles, que mejore el nivel medio de instrucción; por no hablar del deseo que haya paz en las regiones más conflictivas del mundo, que se encuentre una solución para el problema de los emigrantes y de los refugiados procedentes de los países en guerra, etc. Sobre lo que no estamos de acuerdo es sobre el modo de alcanzar esas finalidades. En pocas palabras, el problema real que la política deber resolver no es el del fin que se quiere alcanzar, sino el de los medios concretos que permitan resolver esas delicadas cuestiones, con los recursos disponibles, y teniendo en cuenta las condiciones reales en que nos encontramos” (21-22).

“Es necesario que [los fines de las instituciones políticas] estén bien definidos, y no se pierda de vista que, en último término, consisten en servir a la sociedad y los ciudadanos. De otro modo, lo que era un medio (la organización) se convertirá en algo importante por sí mismo. Eso es lo que sucede cuando, en lugar de favorecer la colaboración social, las instituciones políticas caen en la tentación de la autorreferencialidad: la tendencia a alimentarse a sí mismas y a aumentar de tamaño, a convertir lo inútil en necesario, y a obstaculizar burocráticamente los procesos sociales” (23).

“Frente a la coacción y la previsión milimétrica, típica de los procesos políticos, los procesos sociales se caracterizan por ser espontáneos. Tanto los ámbitos como los instrumentos de esos procesos —como pueden ser el mercado, el dinero y el mismo lenguaje— han surgido sin responder al orden impuesto por una mente directiva” (24).

“Desde el punto de vista de la ética política, es muy importante no solo conocer, sino sobre todo respetar esta diferencia entre procesos políticos y procesos sociales.” (24).

“Quedan anunciadas así dos de las principales cuestiones que se platean a la ética política: la de las dimensiones del aparato estatal, y la de la extensión de su ámbito de intervención”. Ambas dependen de “los contenidos del bien común político, que es el fundamento de las atribuciones del poder público” (26).

“El bien común no es un bien separado, una especie de ente metafísico, perfectamente definido a priori, al que los ciudadanos deberían subordinar sus intereses y sus actividades. Más bien se trata de un conjunto de condiciones de vida que se logran con la colaboración de todos y de las que todos se benefician” (28-9).

“Existen ciertas condiciones de vida que solo se pueden obtener mediante el funcionamiento de las instituciones y los organismos políticos. Por ejemplo, la seguridad y el orden público, la administración de justicia, la defensa del territorio nacional, la tutela de los derechos fundamentales de la persona, etc. Estos elementos componen el bien común político. Se trata, pues, de aquellos elementos y dimensiones del bien común integral que corresponde a la política obtener, defender y promover, y que de algún modo constituyen la razón de ser del Estado y de la política” (30).
“Existen ciertas condiciones de vida que solo se pueden obtener mediante el funcionamiento de las instituciones y los organismos políticos. Por ejemplo, la seguridad y el orden público, la administración de justicia, la defensa del territorio nacional, la tutela de los derechos fundamentales de la persona, etc. Estos elementos componen el bien común político. Se trata, pues, de aquellos elementos y dimensiones del bien común integral que corresponde a la política obtener, defender y promover, y que de algún modo constituyen la razón de ser del Estado y de la política” (30).

“Llegamos así a los presupuestos antropológicos del bien común político. A mi juicio son dos: la libertad y la solidaridad” (31).

“Esta vida en común comporta la existencia de derechos (que distinguen lo mío de lo tuyo) y la de una autoridad (que dirige, tutela y coordina). Pero no cabe olvidar ni un momento que la autoridad no es la prerrogativa de un “señor propietario de sus súbditos”, sino una función que se ejerce entre personas libres y para personas libres. Por eso, en último término, puede ejercerse solo con su razonable consentimiento, para la promoción de sus legítimos intereses y para la tutela de sus legítimos derechos. Si la autoridad política no se ejerce con ese espíritu, “el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios” (33).

“Sin embargo, ser libre, razonable, autónomo, no significa ser autosuficiente o existir de modo aislado. Eso sería reducir la libertad a uno de sus aspectos, obviando su dimensión social. Al vivir en sociedad, estamos convencidos de la necesidad de colaborar con los demás y libremente queremos hacerlo. La organización o dirección coercitiva de esta colaboración es admisible solo cuando sea realmente necesaria, y tal necesidad ha de ser justificada y comprendida por los ciudadanos.” (33).

“El principio de libertad corrige la tendencia a pensar que la sociedad es una cierta entidad anterior y superior a los individuos; una entidad con unos fines propios, a los que los ciudadanos deberían someterse, renunciando a sus legítimos intereses y a su razonable ámbito de autonomía” (34).

“Descubrí en esos textos [marxistas] finalidades aparentemente deseables: la igualdad entre los hombres, el deseo de un mundo mejor sin fatiga ni sufrimiento la lucha contra la injusticia social, la abundancia de bienes materiales para todos. Pero, tras un análisis más detenido, la bondad de esos fines desaparecía ante la brutalidad de los medios que se proponían para alcanzarlos” (34-35).

“La justicia no se veía como característica esencial de la cooperación social de seres libres, sino como la aseguración a cualquier precio y frente a toda posible eventualidad de ciertas condiciones materiales de vida. Así, el (hipotético) mundo más justo se podía realizar solamente mediante la supresión de la libertad” (35).

“Con la libertad se negaba al hombre también su condición de ser razonable —en la que aquella se radica— y por esta vía se caía en errores intelectuales de bulto. Tal vez el más llamativo era el pensamiento de que bastaba suprimir la propiedad privada de los medios de producción económica para que la sociedad, de modo casi automático, se viese rebosante de bienes y recursos de toda clase.” (35).

“Nos guste o no, en la vida de los hombres no hay por naturaleza ni seguridad completa ni igualdad absoluta. Cuando se quieren obtener obstinadamente, se acaba renunciando a la libertad y, si eso se lleva a cabo a nivel estatal, se recurrirá, de un modo u otro, a la violencia” (37-8).

“La solidaridad no se fundamenta, como hace en cambio la estricta justicia, en el deber de dar a otro lo que es suyo, sino en la apertura hacia las necesidades de los demás, radicada en la autotrascendencia de la persona” (41).

“[La solidaridad] No es una limitación coercitiva de mi libertad, sino que nace de mi libertad de ser razonable, que vivir junto a otros para que todos podamos vivir dignamente” (42).

“Se puede decir que existe un deber objetivo de solidaridad. Por eso, es justo que el Estado promueva la solidaridad, representando de ese modo los intereses y convicciones de los ciudadanos, siempre que ello no lleve a introducir la coacción política en ámbitos donde no debe entrar.” (43).

“La libertad solidaria es el presupuesto antropológico del bien común político. Si en la libertad humana no estuviese radicada la auto-trascendencia hacia el bien de los que viven con nosotros, el bien común sería posible. Es más: si libertad y solidaridad fuesen realidades opuestas, lo que se haría imposible es la vida social misma, la colaboración social de personas libres” (43).

“La libre adhesión del hombre a Dios vale más que el cielo estrellado, hasta tal punto, que Dios prefiere aceptar el riesgo de que el hombre use mal de la libertad antes que privarle de ella” (45).

“De modo particular en el Nuevo Testamento, la solidaridad es reforzada y sobrepasada por la caridad, que constituye el núcleo del mensaje moral de Cristo” (46).

“En ningún pasaje del Nuevo Testamento se autoriza la supresión violenta de la legítima libertad en orden a la solidaridad o la caridad” (47).

“Son funciones propias y exclusiva del Estado mantener el orden público, la policía y el ejército; prevenir y reprimir el crimen (especialmente los atentados contra la vida); luchar contra el terrorismo, e impedir la existencia de organizaciones armadas dentro del territorio nacional” (51).

“Los derechos fundamentales no son solamente libertades ante el Estado, sino en el Estado. Por esta razón, los derechos fundamentales, especialmente el de la vida, además de garantizar la inmunidad frente al Estado, confieren también al individuo el derecho de ser protegido —mediante disposiciones legales— de las injerencias de otras personas” (53).

“El principio constitucionalista es un principio de limitación jurídica del poder político en favor de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El sistema constitucional ha de garantizar los derechos de la persona y poner al Estado en condiciones de no poder violarlos. Para ello se establece una compleja técnica jurídica, hecha de controles y contrapesos, que tendría que impedir que nadie, ni siquiera el pueblo entero o su mayoría, pueda ejercitar un poder político absoluto” (56).

“El Estado no es competente para dirimir las divergencias religiosas ni para imponer a la intimidad de la conciencia personal la solución que considerase justa. El Estado y la política no son la fuente de la verdad moral y religiosa, lo cual no quiere decir que el Estado sea amoral y antirreligioso” (60).

“Respetar la libertad de la conciencia no es un corolario del escepticismo o del agnosticismo, sino un requisito necesario para hacer posible la convivencia pacífica y la colaboración social entre personas que pueden tener convicciones diferentes” (60).

“Un cosa es respetar las convicciones ajenas, y otra bien diferente no poder disentir” (61).

“En la formación del pensamiento político moderno los ideales de paz y de libertad pronto se completaron con la idea de justicia” (61).

“Sintéticamente, la promoción de la justicia se desglosa en cuatro tareas:

En el plano político, la extensión universal de los derechos políticos, que se suele llamar principio democrático.
En el plano social, establecer y hacer respetar las normas que han de presidir todas las formas de colaboración social.
La adecuada distribución de competencias entre el aparto jurídico, el Estado principalmente, y los individuos y agrupaciones sociales, entendidas en el sentido más amplio.
La promoción de la justicia social” (62).

“El principio democrático pide la igualdad de todos ante la ley y la extensión del derecho de voto, hasta llegar al sufragio universal. Se trata de un principio que busca la justicia y la igualdad, entendidas como igualdad de oportunidades, igual respeto para todos, igual libertad e igual participación en la formación de las orientaciones políticas” (62-3).

“La pasividad, la pereza, el “dejar hacer” a otros representan una tentación continuamente al acecho, ya que la participación constructiva requiere esfuerzo y sacrificio” (63).

“Una de las características fundamentales de la justicia es la alteridad. La justicia regula las relaciones con las personas que son “alter” respecto a nosotros, que son o pueden ser extrañas, “otras-que-nosotros”. A quienes son extraños a nosotros hay que darles lo suyo, no importa que sean amigas o no lo sean, conocidas o desconocidas, de nuestro mismo partido político o del rival” (65).

“Si los contratos no se respetan, la colaboración social se hace imposible” (67).

El principio de subsidiaridad significa que “el Estado ayuda y no suplanta. Suple la actividad de sus miembros solo cuando ello sea estrictamente necesario para el bien común y por el tiempo en que esa necesidad persista” (71).

“Es lógico que si se atribuye al aparato público la responsabilidad de garantizar muchos objetivos, se le haya de reconocer paralelamente el poder de recabar ingentes recursos económicos mediante los impuestos, así como el de contar con un número muy grande de funcionarios” (71).

“No se trata de un problema de simple organización. Las cuestiones en juego son mucho más importantes” (71).

“El concepto de justicia social es complejo y muy debatido. Tradicionalmente se distinguían dos formas de justicia: la justicia particular (que se subdivide en justicia conmutativa y justicia distributiva) y la justicia general o legal. En cuanto a la justicia social, se discute si es una de las anteriores formas de justicia, o la suma de todas ellas, o una forma diferente de justicia” (77).

“El concepto de justicia social posee un gran poder emocional y persuasivo. Así, en el ámbito político, la forma más fácil de justificar una determinada decisión es presentarla como una exigencia de la justicia social” (77).

“La experiencia enseña que, si no se entiende bien qué es la justicia social, se corre el riesgo no solo de no mejorar lo presente, sino incluso de empeorarlo gravemente.” (78)

“Desigualdad y pobreza son realidades muy diferentes. Hay, por ejemplo, territorios en los que todos los habitantes tienen los recursos suficientes para vivir con dignidad e incluso con desahogo, aunque existe entre ellos una notable desigualdad económica.” (83).

“No admiten fácilmente esta distinción entre pobreza y desigualdad los que piensan que la pobreza se debe fundamentalmente a un problema de distribución, que podría ser resuelto mediante una política de redistribución de la riqueza. Sin embargo, a mi modo de ver, esta opinión está viciada fundamentalmente por dos errores: el primero consiste en concebir el proceso de producción y el de distribución como dos procesos diferentes y separables; el segundo, en pensar que la economía es un proceso a suma Teo, en el que o es posible enriquecerse sino a costa de empobrecer a otros” (84).

“Una cuestión bien distinta es la que se plantea ante aquellas situaciones de desigualdad que son fruto directo de acciones injustas” (85).

“Ahora bien, la existencia de desigualdades injustas —que son casos concretos y reconocidos por todos como tales— no permite afirmar que toda desigualdad sea injusta o, lo que es lo mismo, que la justicia se identifique con la igualdad y que la lucha en favor de la justicia se identifique con la lucha contra la desigualdad, contra cualquier desigualdad” (85).

“Las políticas estatales de redistribución tienen el efecto, no de obtener recursos de la población rica para transferirlos a la población más pobre, sino de transferir recursos y poder de la población al Estado. Sorprendentemente, la que se ve privada de recursos y de poder de decisión es sobre todo la población más pobre” (87-8).

“Como consecuencia, el ánimo de los ciudadanos se envilece, la función empresarial se inhibe y aumenta el desinterés por contribuir al bien común con la propia iniciativa y creatividad, de modo que las instituciones se hacen cada vez más ineficientes y esclerotizadas. Solo queda en pie la ambición de un enriquecimiento veloz y sin esfuerzo, que se traduce en mil formas de corrupción.” (89).
“Si, según pienso, el motor de la economía real y del desarrollo social es la producción, habría que facilitar, liberalizar e incentivar las actividades productivas, eliminando todas las reglamentaciones y trabas burocráticas y legales que no sea estrictamente necesarias.” (93).

“A mi modo de ver, la justicia social es un concepto ético-político que se refiere a la justicia del ordenamiento global de la sociedad. En síntesis, consiste en que el ordenamiento institucional, político, jurídico y económico de una sociedad sea conforme al bien común” (93).

“El bien común no es una entidad separada que habría que promocionar dedicando el propio tiempo y esfuerzo a un tipo especial de actividades. Más bien, es fruto de la colaboración de todos y se comunica a todos. En una sociedad estructurada según la ley de la división del trabajo, como es la nuestra, la principal contribución al bien común por parte de los ciudadanos es la que tiene lugar mediante la realización competente y eficiente del propio trabajo.” (96).

“Lo más opuesto a la justicia social es organizar el sistema social de forma que algunos ciudadanos, que gozan de perfecta salud física y mental, puedan recibir todo de la colectividad sin aportar nada a ella y, en algunos casos, incluso dedicándose a obstaculizar la aportación de los demás. Esto sucede, por ejemplo, cuando, con una motivación política o ideológica, se crean puestos de trabajo innecesarios e improductivos, cuya retribución —casi siempre por parte del Estado— equivale a quemar billetes de banco, pues de ese modo se está dando valor a quien no produce nada ni aporta nada a aquellos otros de quienes lo recibe todo”. (97).
“Lo más opuesto a la justicia social es organizar el sistema social de forma que algunos ciudadanos, que gozan de perfecta salud física y mental, puedan recibir todo de la colectividad sin aportar nada a ella y, en algunos casos, incluso dedicándose a obstaculizar la aportación de los demás. Esto sucede, por ejemplo, cuando, con una motivación política o ideológica, se crean puestos de trabajo innecesarios e improductivos, cuya retribución —casi siempre por parte del Estado— equivale a quemar billetes de banco, pues de ese modo se está dando valor a quien no produce nada ni aporta nada a aquellos otros de quienes lo recibe todo”. (97).

“Se opone a la justicia social la producción y distribución de valor falso. Esto es evidente cuando se falsifica moneda. Pero también se obtienen ganancias injustas cuando se falsifica lo que se intercambia con la moneda, es decir, cuando se trabaja mal” (97).

“La ausencia de libertad económica comporta la negación de toda libertad: personal, social, religiosa, etc., que viene a ser lo mismo que la negación de la persona” (110).

“Quizá sea el caso recordar las famosas palabras de Winston Churchill: “Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar y muy pocos lo miras como el caballo que tira del carro”” (114).

“La función empresarial es la locomotora del sistema económico”; “la idea del empresario como explotador es completamente falsa, por mucha persuasión emocional que continúe suscitando en quienes tienen una imparable tendencia al resentimiento social” (115).

“La idea de capitalismo hace referencia a una acumulación de capital, es decir, de valor económico, que se invierte en “bienes de capital”, que son instrumentos, máquinas, equipos, con los que se producen bienes de consumo necesarios o convenientes para la satisfacción de las necesidades humanas, y que permiten producirlos a gran escala y a precios accesibles, de forma que aumenta la salud y el bienestar de toda la población” (117).

“En la mayoría de los países […] la intervención del Estado y de las autoridades monetarias es tan fuerte y determinante que no es posible decir que esos países tienen una economía de mercado. Tienen un sistema económico mixto” (119).

“La economía de mercado es una sistema social de división del trabajo basado en la propiedad privada de los medios de producción” (Ludwig von Mises) (120).

“El verdadero dinero es en el fondo una mercancía que se cambia con otra” (122).

“Durante muchos años el Estado garantizaba que a cada billete de banco correspondía una cantidad de oro” (122).

“Los Estados son en principio libres de imprimir la cantidad de billetes de banco que deseen, sobre todo para autofinanciarse” (123).

“Desarrolla bien la función empresarial solo quien logra satisfacer las libres preferencias de los ciudadanos” (126).

Y el empresario, ¿cómo puede conocer las preferencias de los ciudadanos? La información no sigue un único camino, pero sin duda el sistema de precios aporta la información fundamental” (126).

“El mercado presupone un contexto que haga posible la cooperación social libre. Pero esto no significa que el Estado no exista. Debe existir, y ha de ser lo suficientemente fuerte para impedir que quienes obran injustamente deformen el funcionamiento del mercado. El fraude, la violencia, la falta de transparencia y, en general, el incumplimiento de las reglas generales de justicia, son los enemigos del mercado libre” (128).

“Lo que es incompatible con el mercado es la intervención coactiva del Estado que falsea los precios, los costes de producción, la función empresarial, los salarios. Cuando se mezcla el poder político con la actividad económica, los ciudadanos pierden su soberanía, se genera una constante y progresiva corrupción, se hace muy difícil el cálculo económico y el recto ejercicio de la función empresarial. Y todo ello acaba empeorando la condición económica y moral de los ciudadanos y del entero sistema social” (128).

“Si por fallos del mercado se entienden deficiencias que observamos en la actualidad, la objeción es inconsistente, porque en la actualidad no se encuentra en ningún país una pura economía de mercado. En el mejor de los casos tienen un sistema mixto. Si se verifican defectos o fallos, habría que demostrar que su causa nada tiene que ver con las intervenciones y restricciones de las autoridades políticas y monetarias, y que se ha de atribuir por tanto al mercado.” (129).

“Habría que evitar el cliché de que el empresario privado es siempre un diablo y el empresario público es siempre un santo” (131).

“La inestabilidad cíclica se debe fundamentalmente a las políticas de expansión monetaria no fundamentada en el ahorro promovida por las autoridades políticas y monetarias” (132).

“Como es bien sabido, según la ley de Kay el verdadero motor de la economía es la producción, no la demanda” (135).

“Keynes nos dice que gastar más, ahorrar menos y endeudarse cada vez más es el sistema para hacernos más ricos. Como escribió el gran economista W. Röpke, “si no hubiese existido Keynes […], la ciencia económica seria un poco más pobre, pero los pueblos serían mucho más ricos y no conocerían la inflación” (137).

“El intervencionismo estatal engaña a los ciudadanos cuando les esconde su insostenibilidad económica y social. Aun siendo conscientes de la elevada presión fiscal, los ciudadanos piensan que el Estado ofrece una amplia protección a un precio razonable. Pero la realidad no es así (140).

“Todos saben que los sistemas privados de prestaciones sociales son más eficaces y más baratos que los públicos” (142).

“Mi experiencia docente me ensaña que personas que han obtenido una licenciatura o un máster en importantes facultades y centros de estudios económicos, o en importantes escuelas de negocios y administración de empresas, terminan sus estudios sin ni siquiera saber de la existencia de orientaciones de la teoría económica diferentes del paradigma dominante neoclásico-keynesiano, como son por ejemplo la Economía social de mercado o la Escuela austriaca de economía” (143).

“La vida humana es una realidad anterior a la sociedad políticamente organizada, que no necesita de esta ni para nacer ni para acabar. El Estado ni genera ni suprime la vida. La función del Estado es solo protegerla, promoverla y facilitarla (vivir mejor)” (146).

“La libertad se defiende en cuanto que es la forma propiamente humana de la vida. Vivir como hombres es vivir libres” (147).

“Habrá que reconocer con Karl Popper que “la sociedad abierta”, democrática y laica, se fundamenta sobre el dualismo fundamental entre “datos de hecho” y “criterios de valor”. Una cosa son los datos de hecho (leyes e instituciones concretas) y otra son los criterios éticos justos y verdaderos, que son independientes y superiores al proceso político que produce los datos de hecho. Los datos de hecho pueden conformarse a los criterios racionales de justicia, y generalmente se conforman, pero pueden también no conformarse. Como añade Popper, querer negar dicho dualismo equivale a sostener la identificación del derecho con el poder; es, pura y simplemente, expresión de un talante totalitario” (149).

“Para que se puedan establecer las relaciones de colaboración social que dan lugar al bien común es necesario que la comunicación sea sincera […] que instituciones, gobernantes, partidos, grupos, etc. digan claramente lo que piensan, lo que quieren hacer y lo que hacen; y, en este sentido, que digan siempre la verdad” (152).

“La sinceridad de la comunicación impediría además la acción del mayor enemigo del buen gobierno: la de aquellos que quieren hacer algo que no se puede decir o, más exactamente, que no se puede decir al gran público, el que está fuera de los cenáculos reducidos en que se elabora la comunicación política” (153).

“Los mensajes falsos o distorsionados por la demagogia privan al cuerpo social de la facultad de decidir libremente sobre su propia vida y su propio destino. Los mensajes falsos son mucho más perniciosos que la moneda falsa, y me parece muy razonable que en algunos países esté reservada una sanción muy dura a la mentira de los gobernantes” (153).

“De un pueblo de siervos no va a salir un gobernante de hombres libres. El buen gobernante ama la libertad, y por ello resiste a la tentación de los que le gritan: dame bienestar y te lo pago entregándote mi libertad y mis recursos” (156).

“La legalidad por sí sola, ni la Constitución por sí sola, no son suficientes para asegurar la vida del Estado. Por lo tanto, es necesario proteger la dimensión ética y religiosa de los ciudadanos, que es el fundamento externo y prepolítico del Estado democrático. Este no nació como una rebelión anticristiana o atea, sino para realizar la distinción entre religión y política inherente a la esencia más íntima del cristianismo” (160).